Como si las grandes tecnológicas no fueran ya lo bastante poderosas, las recientes decisiones de la Corte Suprema de EE UU darán a algunas de las compañías de mayor valor en el mundo más margen para reducir la capacidad del gobierno para frenarlas, según expertos legales con los que habló WIRED.
“Han sido un par de semanas pésimas para las agencias reguladoras, para el Estado de Derecho, y han sido verdaderamente terribles para los consumidores”, afirma David Vladeck, profesor de Derecho en Georgetown y exdirector de la Agencia de Protección del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio de EE UU (FTC, por sus siglas en inglés).
El jueves, la Corte Suprema de ese país dictaminó que las decisiones de aplicación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en casos de fraude deben litigarse en los tribunales, una decisión que podría trasladarse a otras agencias. Al día siguiente, la Corte votó a favor de anular un precedente clave conocido como la doctrina Chevron, que surgió de la sentencia de 1984 en el caso Chevron contra el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Esta otorgaba a los organismos federales la facultad de interpretar las leyes al dictar normas y garantizaba que los tribunales inferiores se rigieran por ellas. Ahora, los tribunales tendrán que decidir cuánta deferencia conceder a las resoluciones de los reguladores, y el mismo movimiento jurídico conservador que condujo a las decisiones de la Corte Suprema durante la semana pasada se ha infiltrado también en los tribunales inferiores.
La carnicería continuó esta semana. El lunes, la Corte asestó otro golpe a los reguladores tras determinar que una parada de camiones de Dakota del Norte podía demandar por las comisiones de las tarjetas de débito. La sentencia permitirá a las empresas impugnar normas establecidas desde hace tiempo.
Qué pasaría con las Big Tech sin la doctrina Chevron
Lauren Phillips-Sawyer, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, comenta a WIRED que estas decisiones “seguramente tendrán un efecto amedrentador sobre la elaboración de nuevas normas” y fomentarán más litigios por parte de las empresas tecnológicas. Phillips-Sawyer compara el momento actual con la década de los treinta, cuando la Corte Suprema anuló la legislación del “Nuevo Trato”, de reciente aplicación, que otorgaba poderes al gobierno federal. Hoy existen diferencias importantes, por ejemplo, la Corte está revocando precedentes antiguos en lugar de nuevas leyes, “pero de todos modos parece una crisis”, destaca.
El reciente trío de sentencias de la Corte, que siguieron líneas ideológicas, con todos los jueces conservadores a favor y todos los liberales en contra o absteniéndose, son las últimas de una serie de fallos políticamente conservadores que socavan lo que con frecuencia se denomina el “estado administrativo”. En 2021, por ejemplo, la Corte revivió la llamada doctrina de las cuestiones importantes (major questions doctrine), que hacía que los tribunales no asumieran automáticamente que los organismos pueden decidir definitivamente sobre asuntos relevantes, a menos que el Congreso lo haya manifestado explícitamente. En 2022, la Corte utilizó esta doctrina para invalidar una resolución de la Agencia de Protección Ambiental de EE UU que obligaba a las centrales de carbón a adoptar tecnologías menos contaminantes.
Las Big Tech ya empezaron a aprovecharse de estos vientos cambiantes. Meta, por ejemplo, presentó una demanda contra la FTC en 2023 por una propuesta que impediría a la compañía rentabilizar los datos recopilados de menores, argumentando que la autoridad de la FTC es "inconstitucional". En aquel momento, el senador Ed Markey, demócrata de Massachusetts, aseguró que Meta estaba adoptando “teorías jurídicas de extrema derecha”. Vladeck sostiene que Meta puede aprovechar la decisión de la Corte sobre las acciones coercitivas de la SEC en sus argumentos contra la FTC.
SpaceX ha adoptado tácticas similares en sus disputas contra los organismos reguladores federales. Después de que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de EE UU acusara en enero a la compañía de despedir ilegalmente a ocho empleados por criticar a Musk en una carta interna, SpaceX presentó una demanda alegando que la estructura de la agencia es inconstitucional.
La anulación de la doctrina Chevron, en particular, implica que “es evidente que tendremos más litigios”, comenta Berin Szoka, director del grupo de expertos no partidista TechFreedom, con sede en Washington DC. Por ejemplo, es probable que la decisión de abril de la FTC de prohibir las cláusulas de no competencia esté en peligro. Aunque la agencia no ha recurrido a Chevron en sus acciones de aplicación en los últimos años, la doctrina le proporcionó un nivel de deferencia en los tribunales cuando se trataba de la elaboración de normas. “Hay un cero por ciento de posibilidades de que ese argumento gane ahora”, opina Szoka.
Otra decisión que podría impugnarse con mayor facilidad es la resolución de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE UU (FCC, por sus siglas en inglés), también de abril, que restablece las normas de neutralidad de la red de la era Obama, rescindidas bajo la administración Trump. La neutralidad de la red, argumentan sus defensores, es un importante principio de protección del consumidor que garantiza que los proveedores de servicios no concedan a algunos tipos de tráfico (por ejemplo, sus propios servicios de streaming) un trato mejor que a otros. El documento de 500 páginas de la FCC sobre la decisión nombra explícitamente a la doctrina Chevron como uno de los estatutos que le da autoridad para restablecer las reglas.
Szoka subraya que, aunque es probable que la decisión de anular la doctrina Chevron cree “confusión” en los tribunales inferiores, no es una sentencia de muerte para la deferencia de los órganos jurisdiccionales hacia los reguladores. Los tribunales decidirán ahora cuánto peso conceder a las decisiones de los organismos, que podría ser mucho o poco, y es posible que algunos de esos casos acaben ante la Corte Suprema, esclareciendo aún más la nueva normativa.
En caso de una segunda administración Trump, los recientes cambios incluso acabarían siendo beneficiosos para los progresistas, señala Szoka. Si la administración Trump llena las agencias de líderes leales al presidente y que llevan a cabo su agenda, destaca Szoka, “tienes que preguntarte, ¿realmente quieres que los tribunales se remitan a esas agencias?”.
Mientras tanto, añade Sawyer-Phillips, otros países ya han intervenido para regular a las empresas de tecnología de formas que afectan a los consumidores estadounidenses. “Atar las manos a las agencias administrativas tendría el efecto de ceder a la Comisión Europea la autoridad reguladora de las industrias tecnológicas en rápida evolución en cuestiones como la privacidad, la portabilidad de los datos y el acceso a las plataformas digitales y la interoperabilidad”, apunta.
En efecto, agrega Sawyer-Phillips, Estados Unidos se está quedando rezagado respecto al resto del mundo en cuestiones importantes como la legislación antimonopolio: “Estados Unidos inventó la política de competencia, lo que llamamos ley antimonopolio, pero no solo no nos estamos adaptando a los tiempos modernos, sino que estamos cayendo en el retroceso político”.
Con la desaparición de la doctrina Chevron, el Congreso de EE UU podría intervenir e intentar legislar un nivel comparable de deferencia hacia los reguladores. Sin embargo, esa estrategia no tiene garantizado el éxito. “Es difícil que el Congreso anule el precedente de la Corte Suprema”, resalta Vladeck. “El Congreso podría aprobar mañana una ley que volviera a imponer la regla Chevron, y la Corte la ignoraría”.
Con todas las sentencias recientes de la Corte Suprema que socavan el poder del gobierno federal y dan más libertad a los tribunales, algo fundamental ha cambiado, según Vladeck. “Ahora es una Corte imperial”, observa.
Artículo publicado originalmente en WIRED. Adaptado por Andrei Osornio.
